«Los políticos siempre hacen lo mismo: prometen construir un puente aunque no haya río”. Nikita Jruschov
La lucha contra la corrupción es parte, sin duda, de nuestra agenda interna por las consecuencias que ella tiene en la vida social, económica, política, cultural, en la seguridad, etc. Es también un acicate para transformar prácticas y transparentar, no sólo cuentas, sino también la realidad que se puede esconder tras el velo de la corrupción.
Pero no se trata solo de una agenda interna, hoy están en la cárcel por acusaciones de corrupción ex presidentes de Guatemala, Honduras, Panamá, el ex presidente Ollanta Humala de Perú, fue destituida la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está acusado de corrupción el presidente en funciones de ese país, Michel Temer, y el político más popular de la historia contemporánea de Brasil, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a regresar a la presidencia en el 2018, y acaba de ser condenado en primera instancia a una pena de nueve años y medio en la cárcel. En Argentina, el círculo penal se está cerrando contra la ex presidenta Cristina Fernández, encausada, al igual que sus hijos y colaboradores por innumerables delitos. En Colombia el presidente Juan Manuel Santos está acusado de recibir dinero para su campaña electoral del consorcio Odebrecht, lo mismo que muchos otros políticos y funcionarios de casi todos los países de América latina y el Caribe.
Por ende, nadie debería de extrañarse de que el gobierno de Trump haya colocado entre los objetivos de la renegociación del TLC un capítulo sobre el combate a la corrupción gubernamental.
El que tengamos por primera vez en nuestra historia una decena de recientes ex gobernadores detenidos, con pedidos de extradición o investigados es parte de una lógica purificadora que vive la región. En Brasil esa dinámica no solo ha destruido a toda la clase política, sino que está dejando al país tan vacío de expectativas y alternativas, que cualquier oportunismo, de derecha o de izquierda, puede hacerse con el poder el año próximo.
En México, los escándalos en la opinión pública, como la cuestionada Casa Blanca de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, o las acusaciones penales contra gobernadores, tales como Javier Duarte (PRI) de Veracruz, quien utilizó los recursos públicos como un botín, obligaron al Gobierno a retomar la agenda legal contra la corrupción.
Con muchas resistencias y quizá temores, México pone en marcha su Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con carencias técnicas que podrían poner en riesgo los resultados esperados de su funcionamiento. El ambicioso entramado legal para combatir uno de los problemas más graves del país arrancó este miércoles 19 de julio sin un fiscal que investigue los ilícitos y sin magistrados especializados que sancionen las faltas administrativas graves de los funcionarios y particulares. Tampoco están listos los 32 sistemas de las entidades federativas que forman parte en su conjunto del SNA.
En el período extraordinario de la LXII Legislatura (2012-2015) se aprobaron 7 paquetes de legislación secundaria para prevenir y combatir la corrupción. Al detalle se trata de la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y en Rendición de Cuentas de la Federación, Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Reformas al Código Penal Federal y Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Jacqueline Peschard, quien preside el Comité de Participación Ciudadana -una de las partes fundamentales del SNA- explica que el Comité lleva cinco meses operando y apenas va a recibir recursos para poder montar una estructura que los ayude a realizar sus tareas. Las otras partes que integran el SNA son el Comité Coordinador, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales correspondientes.
Una treintena de organizaciones que se agruparon bajo la coalición #VamosPorMás anunciaron el lunes 17 de julio una serie de acciones para fortalecer el Sistema Anticorrupción y exigieron a los gobiernos recursos suficientes que aseguren la independencia de los comités de participación ciudadana. También pidieron una fiscalía independiente y que los nombramientos de quienes dirigirán los sistemas Anticorrupción sean apegados a las mejores prácticas. El actor Diego Luna fungió como vocero de las organizaciones.
La corrupción está en todas las esferas de la vida pública en nuestro país, como ejemplo, hace unos días una nueva tragedia empañó el acontecer nacional, me refiero a la muerte de dos personas provocada al caer un automóvil en un socavón que se abrió en la vía Paso Exprés de Cuernavaca, obra recién inaugurada.
La serie de elementos concatenados en este lamentable acontecimiento, hacen surgir la metáfora de que es el país entero el que ha caído en un hoyo negro y profundo de corrupción infinita.
Tan solo habían transcurrido tres meses de haber sido inaugurada, cuando se presentó este imperdonable derrumbe que ocasionó una gran espesa niebla de indignación.
A lo anterior habrá que sumar según los dictámenes, que las víctimas permanecieron con vida entre 90 y 120 minutos posteriores al impacto, siendo la causa de su muerte la asfixia por confinamiento y no por el impacto. Las crónicas relatan que las labores de rescate tardaron alrededor de ocho horas. La ineficiencia como otra forma de degradación.
El evento del socavón se integra a una larga cadena de asuntos, como la persecución de varios ex-gobernadores; las denuncias de fraudes y de utilización de recursos ilegales entre los partidos políticos; la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción de manera incompleta, entre otros.
El artículo 80 de nuestra Constitución determina que el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo: el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
A lo largo de esta administración hemos sido testigos de muchos casos de corrupción cometidos por autoridades diversas, que han computado en contra de la imagen del primer mandatario.
La fidelidad del presidente Peña hacia sus colaboradores y amigos es incuestionable. Pero le está costando muy caro el precio a pagar y que la ciudadanía habrá de reclamar. Como corolario las palabras del dramaturgo francés Molière: “No es solamente por lo que hacemos, sino también por lo que no hacemos, que somos responsables”.
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